Por una visión integral del conflicto religioso en México, a cien años de la Cristiada

Pbro. Armando González Escoto[1]

 

 

La siguiente conferencia fue auspiciada por el Instituto Cultural

Ignacio Dávila Garibi de la Cámara Nacional de Comercio

de Guadalajara, en cuyas instalaciones se dictó el 8 de

julio del presente a las 19:00 horas. Agradecemos

al autor haber facilitado este texto.

 

 

La historia de esta historia

 

Es verdaderamente asombrosa la cantidad de historias, crónicas, relatos, testimonios, informes, novelas, estudios biográficos, y producciones audiovisuales de todo tipo que se han producido en torno a la llamada “Cristiada”, y con mayor contexto, sobre el conflicto religioso en México.

Dentro de este inmenso bosque pululan los duendes del rencor, los fantasmas de los mil mitos, los adalides de las ideologías que buscan alterar, reacomodar, o silenciar todo aquello que no se ajuste a sus posturas preconcebidas, añadiendo cosas o dichos que nunca pasaron o nunca se dijeron, edulcorando hechos dolorosos, o justificando acciones criminales lo mismo de un bando como del otro, ¿cómo acercarnos con un poco más de objetividad a lo que realmente pasó, a sus causas de fondo y a sus secuelas?

La investigación histórica sobre el conflicto religioso en México ha tenido cuatro etapas. La primera fue inmediata y la podemos ubicar de 1929 a 1940. Vino luego un largo periodo de silencio y de olvido inducido en aras a la paz y la reconciliación nacional, sin que dejaran de publicarse muchas cosas dirigidas a un público cada vez más reducido. Es en esta segunda etapa cuando igualmente aparecen las primeras mitificaciones de los hechos, sea para enaltecerlas, sea para abominarlas; nuevamente a no pocos autores les parece que inventar hechos, alterarlos, edulcorarlos o amargarlos es válido, de pronto se pone en labios de los mártires lemas o frases que jamás dijeron, o llanamente se ocultan aquellos hechos que pudieran alterar un concepto demasiado positivo, o se manejan para dejar una impresión muy negativa, muchas de esas actitudes y posturas perviven hasta el presente, manipulando la actual efeméride para alcanzar metas ajenas a lo que sucedió hace cien años. La tercera etapa comienza con la publicación de la obra del historiador francés Jean Meyer que detonó un nuevo interés sobre el tema y ha generado innumerables investigaciones tanto de nacionales como de extranjeros, todos ellos sin embargo limitados por la imposibilidad de acceder a la vasta documentación conservada en los archivos estatales, militares, diplomáticos, y eclesiásticos tanto en México como en otros países, y que por acuerdo internacional se mantienen cerrados por cien años a partir de la fecha que contengan. La norma se ha ido relajando y actualmente en muchas naciones se reduce a 75 años y aún menos dependiendo del asunto de que se trate.

Desde por lo menos el año 2000 estos archivos han venido abriéndose en la medida que se van cumpliendo los 75 años, permitiendo a nuevos investigadores hallazgos hasta ahora desconocidos que están modificando diversas tesis y desde luego abatiendo mitos y leyendas que se venían admitiendo como verdades absolutas. Estamos justo en los inicios de una cuarta etapa que ya ha comenzado con el extenso y bastante bien documentado estudio del historiador italiano Paolo Valvo, publicado en el año 2015 en Italia, basado fundamentalmente en documentos de archivo, hasta ahora desconocidos, y con un enfoque desde la función que el ejercicio diplomático tuvo en todo este largo conflicto.

No se trata de caer en el revisionismo histórico, sino de proseguir un esfuerzo de acercamiento a los hechos reales hasta donde va siendo posible. No siempre descubrir tales o cuales verdades resulta amigable para quienes se han casado con determinadas interpretaciones de los hechos, pero la conciencia social de un país no puede madurar si no es buscando la objetividad.

 

El origen del problema

 

Dejando aparte el conflicto histórico entre poder político y poder religioso que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, quiero partir de la solución que, en el siglo XVI, el imperio español dio a esta realidad, el llamado “estado confesional”.

El estado confesional es aquel que se compromete con un específico credo religioso, obligándose a protegerlo con exclusión de cualquier otro. El estado confesional moderno, es decir, el que surge en el siglo XVI, fue obra de Martín Lutero, que puso en manos de los príncipes la protección de su proyecto religioso, a tenor de su famoso “Manifiesto a la nobleza cristiana de la nación germánica”. En adelante, los príncipes que acepten su propuesta defenderán con las armas el luteranismo y con las armas lo propagarán. Ante esta situación el mundo católico opuso un estado confesional católico, comenzando por el Imperio español.

Durante los tres siglos que el actual México fue parte de este imperio (1521-1821), el Estado confesional se comprometió a:

 

1.     Mantener la fe católica como la única permitida.

2.     Aplicar la fuerza del estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones litúrgicas y morales establecidas por la Iglesia.

3.     Cobrar los diezmos y primicias y entregarlos a la Iglesia.

4.     Reconocer el fuero eclesiástico.

5.     Conceder derecho de asilo a todos los templos.

 

A cambio de esta protección el estado obtenía:

 

1.     El derecho de presentar a los candidatos al episcopado como única vía de acceso a este ministerio.

2.     Recibir el juramento de fidelidad al rey y a la Corona por parte de toda autoridad eclesiástica.

3.     Recibir la quinta parte de los diezmos como contribución anual al estado.

4.     Toda comunicación entre los obispos y la Santa Sede deberá obtener el beneplácito previo del gobierno.

5.     Tener un cardenal de estado que en un cónclave velara por los intereses del estado, vetando cualquier candidatura que se juzgara hostil al estado representado.

 

México independiente

 

Al consumarse la Independencia nacional en 1821, se produjo una paradoja singular:

La Iglesia deseaba conservar el mismo estatus que tenía durante el periodo virreinal por parte del estado, pero sin otorgarle ningún derecho.

El estado por su parte quería conservar sus derechos sobre la Iglesia, pero no sus obligaciones.

Este conflicto será permanente, y se mantiene hasta el presente como una tensión.

 

De la Guerra de Reforma al Porfiriato

 

Entre 1821 y 1867 el conflicto fue escalándose hasta desembocar primero en la Constitución de 1857, después en las Leyes de Reforma, con la Guerra de Tres Años que le siguió, y la Intervención francesa. La Constitución de 1857 incluía tres leyes en materia eclesiástica:

 

-       El gobierno fija el monto de los estipendios que los fieles ofrecen a la Iglesia a cabo de sus servicios sacramentales.

-       La Iglesia debe vender todos los bienes inmuebles que no estén siendo productivos, quedándose con el producto de la venta.

-       Se suprimen los tribunales eclesiásticos.

 

El papa Pío IX aconsejó a los obispos mexicanos que negociaran con el gobierno estas normas en vez de generar conflictos, pero los obispos no siguieron el consejo.

En contra de estas leyes y en apoyo a la Iglesia trabajó el partido conservador, y en su contra el partido liberal.

Habida cuenta de que el obispo de Puebla estaba usando los bienes de la Iglesia para apoyar al partido conservador, Juárez nacionalizó los bienes de esta diócesis, y dado que los obispos permanecían en abierta lucha contra su gobierno, publicó las Leyes de Reforma en 1859, por estas leyes:

-       Quedaba prohibido el culto público.

-       Se nacionalizaban todos los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia.

-       Se decretaba la separación Iglesia – Estado.

-       La Iglesia no podía ejercer la beneficencia pública.

-       Se secularizaban los cementerios.

-       Se clausuraban todos los monasterios.

-       Se prohibía profesar votos en órdenes religiosas masculinas o femeninas.

 

En el fondo del conflicto pesaba un problema que afectaba a toda la Iglesia universal, la incapacidad para entender, comprender, y asumir honestamente los nuevos tiempos inaugurados por la Revolución francesa que hasta la fecha han sido irrevocables. Esta postura de conservadurismo hacía imposible al clero aceptar derechos y libertades que la misma evolución de la sociedad occidental generaba, tales como la democracia, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de creencias. Igualmente, muchos miembros de la Iglesia tenían dificultades para admitir los resultados de los avances científicos, en parte porque estos resultados habían sido ideologizados por corrientes filosóficas que sacaban de ellos conclusiones extralimitadas, y en parte por el mismo atraso bíblico y teológico de la comunidad cristiana en todas sus denominaciones.

La guerra provocada por estas posturas en México durará tres años de conflicto civil, y seis años de Intervención francesa, con la venida de un monarca extranjero apoyado por importantes sectores de la Iglesia, pero no por todos.

Finalmente triunfó el partido liberal con la ayuda diplomática, económica y armamentista de Estados Unidos en 1867.

No obstante, el presidente triunfador, Benito Juárez, no quiso elevar a rango constitucional las Leyes de Reforma por él publicadas en 1859. Lo hizo su sucesor Lerdo de Tejada, y dejó de aplicarlas paulatinamente Porfirio Díaz, inaugurando un sistema estatal de presión basado en la permanencia de las leyes persecutorias, cuya aplicación dependería de la conducta de la Iglesia.

 

El Porfiriato

 

El porfiriato, con sus luces y sus sombras no dejó de ser una dictadura, que hizo prosperar la macroestructura nacional, pero llevó a la miseria a las masas de campesinos y a las incipientes de obreros, en tanto una clase media en crecimiento comienza a desarrollar una crítica severa del gobierno y también de aquellas personas, grupos o instituciones favorecidas por don Porfirio, entre ellas, la Iglesia. Ésta, en efecto había pasado de ser perseguida a ser privilegiada sin serlo de verdad. Era privilegiada porque no se le aplicaban las leyes, y no lo era, porque dichas leyes se mantenían vigentes.

La permanente postura política de gobierno mexicano será, hasta por lo menos fines del siglo XX, evitar cualquier crítica a sus decisiones, acallar las voces disidentes, o comprarlas, mantener una censura radical a los medios de comunicación y cegar cualquier intento de profetismo por parte de la Iglesia. A partir de Juárez, romper esta norma será fuente de conflictos permanentes y de leyes anticlericales cada vez más rígidas.

Ignorada la Rerum Novarum en sus primeros años, fue bastante impulsada por los obispos mexicanos de la primera década del siglo XX, aún si con algunas precauciones por la gratitud que sentían debían tener hacia el viejo dictador. De cualquier manera, fue tan exitosa la pastoral social católica de esa década y la siguiente, que llamó la atención de los permanentes detractores de la Iglesia, que veían su éxito en el compromiso social cristiano como una amenaza para sus intereses y territorios culturales.

Ya desde fines del siglo XVIII se fueron formando y fomentando grupos que ejercían una crítica fuerte hacia la Iglesia por su estatus de privilegio, o porque se oponía a determinados cambios sobre todo políticos, o porque se definía más del lado conservador que del liberal. El anticlericalismo fue así asumido como bandera de los círculos filosóficos y literarios, así como de las diversas logias masónicas que se venían formando. En el siglo XIX a estos grupos se unirán los protestantes.

 

De Francisco Madero a Plutarco Elías Calles

 

En enero de 1911 comienza la revolución armada en contra de Porfirio Díaz liderada por Francisco Madero bajo el lema “Sufragio efectivo, y no reelección”. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia. En noviembre hubo nuevas elecciones saliendo ganador indiscutido Francisco Madero, a la vez visto ya como un héroe nacional y en camino franco para convertirse en el redentor social anhelado.

El derrocamiento injustificable del presidente Madero y la implantación de un gobierno ilegal en la persona del general Victoriano Huerta, en febrero de 1913, produjo un gran resentimiento en los nuevos grupos de poder que en ese momento existían en México, y en la misma sociedad que mayoritariamente había llevado a Madero a la presidencia.

Este derrocamiento fue ilegítimo y de trágicas consecuencias, de ahí que cuantos se lanzaron a reivindicar la obra de Madero buscaran también sancionar a los responsables de su caída, y a cuantos se habían asociado al usurpador, entre los cuales se contaron algunos políticos católicos notables, y al propio arzobispo de México, José Mora y del Río, cuyas acciones imprudentes y ambiguas fueron interpretadas como favorables a Victoriano Huerta. Es verdad que estos personajes actuaron en ese equivocado sentido, pero también es cierto que los vengadores de Madero incurrieron en el error de generalizar y reprochar a toda la Iglesia la falta que habían cometido solamente algunos de sus miembros, por muy representativos que fueran.

La reivindicación de Madero, la guerra contra Victoriano Huerta, y la lucha por la silla presidencial produjeron principalmente tres facciones: Carrancistas, Villistas y Zapatistas.

Por lo mismo, los carrancistas, de manera inicial, dieron lugar a una persecución anárquica de toda la Iglesia. Posteriormente, los legisladores que hicieron la Constitución de 1917, de mayoría carrancista, originaron un marco legal para la Iglesia que le imponía límites, controles, y discriminación a su acción administrativa, educativa, asistencial y pastoral, negándole personalidad jurídica e inhabilitándola para poseer bienes, este marco quedó plasmado en los artículos 3º, 25, 27 y 130. El propio presidente Carranza se alarmó de su contenido y comenzó a buscar una reforma que no pudo llevar a cabo, pues fue asesinado en 1920, si bien en 1918 hizo un intento de codificar el artículo 130 en los estados de Tabasco, Veracruz, Jalisco y Colima.

No obstante, luego de este intento fallido, los artículos no fueron codificados, y en consecuencia no se podían aplicar, quedando la Iglesia en una situación similar a la que tuvo bajo las Leyes de Reforma, durante el porfiriato. Esta situación duró hasta 1926.

Mientras las leyes que contiene la Constitución carezcan de un código de aplicación que indique las sanciones correspondientes en caso de infringirlas, así como las maneras específicas de aplicarlas, esas leyes quedan como en suspenso.

Debemos observar que la mayoría de estas leyes no eran directamente persecutorias de la religión, en el sentido de que se negara a los ciudadanos mexicanos el derecho a profesar un determinado culto, pero sí eran directamente persecutorias del ser y del quehacer del clero. Para el gobierno, como para la mayoría de la gente de esa época, la Iglesia era en efecto el clero, no el pueblo católico, y la mayoría de los caudillos de ese momento pensaban que su lucha era contra el clero político, no contra la fe católica, la profesaran ellos o no, una postura que venía desde los artículos escritos por Melchor Ocampo entre 1841 y 1861, compilados y publicados bajo el título “La religión, la Iglesia y el clero”.

Ya desde 1917, el episcopado mexicano denunció estos específicos artículos y mantendrá una postura permanente de repudio a su contenido. Por otra parte, diversos eclesiásticos tenderán a hacer declaraciones y acciones de tinte político partidista durante esos años, así como eventos multitudinarios considerados por el gobierno como provocaciones, lo cual recrudecerá el clima en las relaciones Iglesia – Estado. No obstante, durante el periodo presidencial del general Álvaro Obregón (1920 – 1924) los artículos en materia religiosa tampoco fueron codificados, pese a que el arzobispo primado se había públicamente declarado a favor del candidato opositor al candidato oficial promovido por Obregón, algo que este candidato no olvidará, se llamaba Plutarco Elías Calles.

¿Quién o quiénes y con qué condiciones tienen derecho a hacer las leyes? De acuerdo al régimen democrático representativo, ese deber corresponde a los Congresos legislativos; la condición esperada es que lo hagan como representantes de la voluntad popular, y no sólo de las agendas partidistas de los legisladores en las Cámaras. En materia religiosa tanto los autores de las Leyes de Reforma, como los constituyentes de 1917, abusaron del poder que les daba la sociedad, y legislaron en contra de las creencias de esa misma sociedad, aún si se trataba de legislar en contra del clero. Por otra parte, es evidente que legislar en contra de los líderes de una determinada religión o de todas, es una manera indirecta de persecución religiosa.

Cuando observamos esta serie de acontecimientos resulta difícil no advertir cómo notables miembros de la Iglesia parecían no darse cuenta de los tiempos en que estaban viviendo, ignoraban que el vacío de poder y las luchas caudillistas consecuentes creaban un espacio explosivo, no obstante, estos notables católicos se dedicaban también a encender cerillos, sin percatarse de que las consecuencias de sus acciones piromaníacas afectarían a toda la Iglesia.

Calles será el presidente de México de 1924 a 1928. Su posición era difícil y complicada, debía responder a las exigencias de los sectores sociales emanados de la Revolución, los reclamos de campesinos y obreros, controlar las intenciones golpistas de diversos generales, estabilizar económicamente al país, resolver las reclamaciones de Estados Unidos en torno al petróleo y a las propiedades de ciudadanos norteamericanos afectadas por el proceso revolucionario, y enfrentar las reclamaciones de los obispos sobre los artículos considerados persecutorios, además de muchas otras necesidades de la administración ordinaria que debían resolverse, sin olvidar la presión de las logias masónicas, del sindicalismo oficialista, del novel sindicalismo bolchevique y de los protestantes en lo que mira específicamente a la Iglesia.

Nuevas declaraciones del arzobispo primado en 1925, confirmando las que había hecho en 1917, acerca del rechazo a las leyes mencionadas enardecieron el clima político e hicieron que el presidente Calles tomara la grave y terrible decisión de codificar todas las leyes en materia religiosa y urgir su aplicación en todos los estados, proclamándose así la Ley Calles, o reglamentaria de los mencionados artículos, misma que debía entrar en vigor el 31 de julio de 1926.

 

La suspensión de los cultos

 

Ante esta decisión, el episcopado buscó respuestas a la seria problemática que se le planteaba, siendo un camino solicitar con el respaldo de dos millones de firmas ciudadanas, la reforma a la Constitución en materia religiosa, misma que no fue aceptada por el Congreso de la Unión arguyendo que los obispos, al ponerse en contra de la ley, estaban fuera de la ley, además de que carecían de personalidad jurídica para presentar esa solicitud.

Ya para ese momento era muy evidente que en el episcopado mexicano existían por lo menos tres tendencias: 1.- La postura intransigente. 2.- La postura conciliadora. 3.- La resistencia pacífica. Ante la dispersión geográfica de los obispos, se vio la necesidad de crear un comité episcopal que, a nombre de todos, tomara decisiones, integrando obispos de las distintas posturas. Muy pronto este comité y otro, enviado a Roma, quedó en manos de los obispos intransigentes. Las posturas en el episcopado:

Los intransigentes buscaban simple y llanamente la reforma de todos los artículos considerados persecutorios, subestimando a los diversos grupos de presión que pesaban sobre las decisiones presidenciales. Por lo menos dos de estos obispos acabarán por legitimar el recurso a las armas, pero todos ellos emprenden una serie de acciones poco honestas para validar sus objetivos y los medios para alcanzarlos.

Los conciliadores estaban convencidos de que la Iglesia podía sobrevivir aún con ese aparato legal, confiados en que con el paso del tiempo se volviera por lo menos al clásico esquema de leyes que no se abolen, pero tampoco se aplican.

La resistencia pacífica consideraba que las leyes debían reformarse, pero para lograrlo debía de acudirse a una gran diversidad de medios, legales y democráticos, con excepción de la violencia.

Es importante notar el papel que en ese periodo jugó un proceso de ideologización cada vez más radicalizado por parte de muchos católicos que incluía sacerdotes y obispos, el llamado “nacionalismo religioso” que, como toda ideología, alteraba los hechos históricos, los exageraba, universalizaba, o ignoraba tener posturas ideológicas, de pronto la religión se ponía al servicio del nacionalismo, y éste se convertía en un valor supremo, capaz de generar desobediencia eclesial, a los obispos y al mismo Papa, si no se acomodaba a los dictados de su ideología, igual produjo asociaciones secretas, y divisiones; hasta el presente esta ideología sigue presentando su propia visión del conflicto religioso, de la Cristiada, y de los arreglos.

La Santa Sede históricamente se había blindado por medio de una serie de congregaciones romanas integradas por cardenales expertos en diversos temas que tamizaban, en el sentido de depurar, toda información que llegaba a Roma, y aconsejaban al Papa a la hora de tomar decisiones, de manera particular la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, y la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

Inicialmente la mayoría de los integrantes de las instancias mencionadas se inclinaba por soluciones de compromiso, es decir, en la línea conciliadora. Del mismo pensar era el secretario de Estado del Vaticano y por ende las nunciaturas y delegaciones apostólicas involucradas. Pero en este punto será decisiva la actuación del episcopado mexicano, y el juego de sus posturas y propuestas, la manera en que éstas se inclinan hacia un determinado sentido y los medios para lograrlo. Ya en el siglo XIX, cuando los obispos mexicanos se opusieron a la Constitución de 1857, el papa Pío IX les había aconsejado negociar con el gobierno, consejo que desatendieron provocando la Guerra de Reforma, como arriba se mencionó. Ahora ante un similar escenario, ¿cambiarían las actitudes? ¿Podrá incluso modificarse la postura del Papa, con base a los movimientos que hacían los obispos de tal o cual tendencia?

Es entonces que se plantea en el comité episcopal todavía residente en México, la idea de suspender los cultos en todo el país como protesta a la postura del gobierno, buscando la aprobación de todos los obispos mexicanos y de manera particular, la aprobación de la Santa Sede. Aunque ya en algunas diócesis se había probado este recurso con cierto éxito, la idea ahora era apoyada y promovida por algunos sacerdotes jesuitas de línea radical. No era una solución fácil, por lo mismo la Curia Romana siempre mantuvo una actitud contraria a tal decisión.

La postura de la Curia tenía que ver con previsiones y principios, no parecía que la suspensión de los cultos fuese un mal menor que se debiera elegir, al contrario, se consideraba un mal mayor al que suponían las leyes persecutorias, ya que tal medida privaba a la feligresía de toda acción pastoral de la Iglesia, y dejaba al clero sin oficio y sin sustento.

Los obispos que buscaban la suspensión consideraban que ésta provocaría una especie de carambola: el pueblo católico en su inmensa mayoría se volcaría a las calles exigiendo la reforma constitucional, una tan mayoritaria presión provocaría que el gobierno procediese a dicha reforma, y así, en breve plazo los objetivos buscados se alcanzarían. La verdadera condición de la comunidad católica mexicana y los mismos hechos, demostraron hasta qué punto los obispos que pensaban así, vivían fuera de la realidad no sólo del país, sino de la misma Iglesia.

De cualquier manera, los obispos que simpatizaban con la idea de suspender los cultos, buscaron el apoyo directo del papa Pío XI, afirmando que la mayoría del episcopado era de esa opinión, sin ser cierto, y brincándose tanto a la Secretaría de Estado como a la congregación de expertos. Bajo la influencia directa de los grupos intransigentes, el papa Pío XI consideró adecuada la suspensión de los cultos, pues le aseguraban era la opinión de la gran mayoría de obispos. Ante esa inminente decisión, de modo personal y directo un obispo mexicano envió un telegrama a la Santa Sede afirmando que la suspensión de los cultos sería un grave error, se trataba de monseñor Rafael Guízar y Valencia.

No obstante, el papa Pío XI aceptó la suspensión, misma que entró en vigor el 1 de agosto de 1926. El gobierno en consecuencia cerró temporalmente las iglesias con la finalidad de levantar un inventario, lo cual hizo, entregando posteriormente los templos a comités de vecinos para su cuidado y apertura cotidiana, pero este cierre temporal enardeció aún más el clima que se vivía.

 

El levantamiento armado

 

Aunque el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez también se había opuesto a la suspensión, aduciendo que tal suspensión podía provocar un levantamiento armado, los obispos empeñados en la suspensión desestimaron ese temor, pero ya desde el mes de agosto de 1926 comenzaron diversos levantamientos populares en Guanajuato, Zacatecas y Jalisco, sin orden ni concierto, era el comienzo de la llamada Guerra Cristera; la respuesta militar del gobierno será cada vez más brutal conforme la Cristiada se vaya consolidando.

Comenzada la sublevación, el gobierno expulsó a los obispos por considerarlos elementos favorables a la guerra. El comité episcopal se radicó en Estados Unidos, mientras se creaba otro comité que se establecería en Roma, uno y otro formado por obispos de línea intransigente.

Por lo pronto fue evidente que la inmensa mayoría del pueblo católico no se volcó a las calles para exigir las reformas pretendidas, se volcaron en la víspera de la suspensión para recibir los sacramentos, pero al día siguiente no pasó nada, con excepción de algunos estados de la federación, el resto se mantuvo a la expectativa, incluso el recurso al boicot económico liderado por la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, en la Ciudad de México, fue rechazado por la élite católica empresarial. Lo mismo pasó en la mayoría de los estados, con excepción del estado de Jalisco donde hubo mayor apoyo de las élites.

En cuanto a la Guerra Cristera debemos aclarar que no logró cubrir todo el territorio nacional, fue un movimiento bélico que se dio sólo en algunos estados ubicados en el eje volcánico transversal con derivaciones hacia Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, y algunas incursiones hacia estados del sur. Sus mayores logros los obtuvo en Jalisco y en regiones de Michoacán, Colima y Guanajuato ya bajo el mando de un militar de carrera, el general Gorostieta, aunque sin poder tomar nunca ninguna capital estatal, o retener por un tiempo considerable capitales municipales, predominando la mayor parte del tiempo la estrategia de la guerrilla, más que combates abiertos, que también los hubo.

Pese a los esfuerzos realizados para conseguir dinero y armas de los católicos norteamericanos, fue claro que las comunidades católicas de aquel país no vieron con buenos ojos el recurso de la guerra y por lo mismo no la apoyaron. Lo mismo sucederá en Italia o en Bélgica, siempre dispuestos a apoyar a la Iglesia en su defensa de la libertad religiosa, pero no bajo el recurso de las armas.

También es cierto que ni el ejército nacional, por su discutible disciplina, ni el ejército cristero, por sus valores, se libraron de incurrir en crímenes de guerra, o de verse infiltrado este último, por líderes y personas que buscaban intereses ajenos a la libertad religiosa, así junto al heroísmo sincero de muchos cristeros, caminaron también los celos, las envidias, la indisciplina de no pocos o la resistencia a sujetarse a ella, provocando divisiones internas, desconocimiento de sus propios jefes y eventualmente traiciones, como las debieron sufrir destacados dirigentes como Luis Navarro Origel, Gómez Loza, y el propio general Gorostieta. Parte de esta problemática obedeció a que líderes intelectuales de la libertad religiosa, citadinos, quisieron dar a los levantamientos armados campesinos un cariz político partidista que no tenía en sus orígenes. Debemos igualmente reconocer que algunos sacerdotes que se metieron a militares pronto fueron devorados por las circunstancias y su conducta fue muy lamentable y escandalosa para los propios cristeros, al margen de sus éxitos en la guerrilla.

 

De los arreglos a la reconciliación nacional

 

No obstante, la existencia de esta guerra para el gobierno, y la suspensión de los cultos para la Iglesia, estaban produciendo una erosión significativa que hacía urgente la búsqueda de una salida honorable a la realidad producida. También es verdad que grandes empresas canadienses o norteamericanas condicionaban su inversión en México al cese del conflicto religioso.

Diplomáticos de Chile, Estados Unidos, Francia, y la Santa Sede buscaron soluciones ya desde 1927, tratando de equilibrar las posturas tanto del gobierno como de los obispos, pasando del intransigente “todo o nada”, a un acuerdo de equilibrio finalmente alcanzado en junio de 1929, que trajo consigo la reanudación de los cultos, el regreso de los obispos en el exilio, y el final de la guerra, incluyendo por parte de la Santa Sede y de los obispos pactantes, la exigencia de amnistía para los cristeros. Lamentablemente estos “arreglos” fueron orales, y aunque la Iglesia sí cumplió su parte, el gobierno tardará más de siete años en comenzar a cumplir la suya. Esta tardanza puede explicarse de diversas formas:

 

-       Los grupos de poder anticatólicos que presionaban al gobierno en contra de los arreglos.

-       La postura personal del expresidente Calles que seguía mandando en el país.

-       El propio Estado se daba tiempo para eliminar a cabecillas cristeros en quienes veía peligros potenciales en el futuro.

-       Buscaba así consolidarse como un estado fuerte, por encima de cualquier otra instancia, incluida la misma sociedad.

 

Por otra parte, el gobierno norteamericano no dejará de observar lo que en México pasaba, con base al compromiso de su embajador Morrow en favor de los arreglos, aún después del fallecimiento de éste, y ante la inminencia de una nueva guerra mundial que no aconsejaba tener un país vecino sumergido en el conflicto.

La llegada al poder del presidente Lázaro Cárdenas, por obra de Calles, marcó el inicio de un paulatino cambio, si bien fue este presidente quien buscó imponer en México la educación socialista, algo que a Estados Unidos no le agradó por razones obvias. De cualquier manera, la decisión que tomó Cárdenas de expulsar al ex presidente Calles el Viernes Santo de 1936, aún si lo hacía por motivos políticos personales, no dejaba de ser una señal para la Iglesia no sólo en el sentido de la justicia, sino también porque desembarazaba al país de la influencia que este personaje seguía ejerciendo en materia eclesiástica.

Posteriormente, la expropiación petrolera en 1938 contó con el apoyo económico de los católicos promovido en todas las iglesias del país, lo cual también operó como una señal para el Estado.

Lo más determinante en este proceso fue la elección del sucesor del presidente Cárdenas, asunto en el que Estados Unidos nuevamente intervino, desechando la postulación del general Francisco Múgica, reconocido anticlerical, y apoyando la del general Manuel Ávila Camacho, conocido católico, casado por la Iglesia con una dama de Zapopan, la señora Soledad Orozco.

Una de las grandes iniciativas sociales del presidente Ávila Camacho fue su programa de reconciliación nacional que buscó involucrar a la entera sociedad mexicana con sus múltiples sectores y facciones. Luego de más de treinta años de luchas intestinas violentas de todo tipo, alcance, duración y destructividad, con su secuela de rencores, venganzas, resentimientos y sospechas, se hacía necesaria una operación que hoy llamarían “cicatriz”, reconciliar, olvidar, mirar el futuro, dejar en paz el pasado, construir un nuevo país. Lo cierto es que todos se involucraron en esa propuesta, comenzando por la Iglesia, en la persona del arzobispo José Garibi Rivera, y fue, además, exitosa, era el nuevo “modus vivendi” o, mejor dicho, de nuevo un “modus vivendi” a la mexicana, pues las leyes persecutorias del clero no se abolían, pero dejaban de aplicarse. Esta anomalía será finalmente suprimida cuando las Cámaras legislativas de la federación abolieron todos los artículos persecutorios que se mantenían en la Constitución de 1917, de manera que en el México actual ya no existen leyes persecutorias, sino un marco que regula el ser y el quehacer de los diversos credos religiosos presentes en el país.

Durante todo el tiempo en que se agravó el conflicto religioso y la persecución, es decir, de 1926 a 1929, la comunidad católica de México recibió una importante, generosa y permanente ayuda de diversas diócesis y asociaciones laicales de Estados Unidos, que recibieron a obispos, sacerdotes y fieles exiliados, estableciendo incluso un seminario para la formación sacerdotal de seminaristas mexicanos en tanto durara el conflicto. Apoyos también se recibieron de las comunidades católicas de Bélgica, España, Cuba e Italia. De igual manera diplomáticos norteamericanos, franceses y chilenos se comprometieron personalmente para lograr una solución al conflicto, a todos ellos debemos gratitud y reconocimiento.

 

Conclusiones

 

 En una mirada de conjunto pueden advertirse algunos errores cometidos que deben ser reconocidos:

 

Por parte de la Iglesia:

1.     Una falla en la capacidad de discernir los tiempos.

2.     Ausencia de las enseñanzas evangélicas a la hora de tomar decisiones.

3.     Fuerte presencia de una ideología radicalizada, el nacionalismo religioso.

4.     Desconocimiento de las condiciones políticas en que se movían los gobiernos de la post revolución.

5.     Desestimación de los grupos de poder que medraban en el conflicto.

6.     Una permanente falta de unidad de criterios por parte del episcopado, muy dividido por posturas extremas y opuestas.

7.     Sobrestimación de la respuesta de una sociedad considerada católica, que sí lo era, pero no necesariamente dispuesta a reaccionar en el sentido esperado por los obispos.

8.     Falta de definición clara con respecto al levantamiento armado.

9.     Poca disciplina y en ocasiones deshonestidad en el manejo de la información transmitida a la Santa Sede.

10.  Imprudencia de algunos obispos en sus acciones y declaraciones públicas en materia política.

 

Por parte del gobierno:

1.     Atropello legalizado de derechos fundamentales del ser humano, como es la libertad religiosa, la propiedad privada, la libre cátedra, la libertad de expresión, etc.

2.     Crímenes de guerra en contra de la población civil.

3.     Ejecuciones sumarias sin juicio durante y después del conflicto.

4.     Autoritarismo presidencialista.

5.     Control de los Poderes Legislativo y Judicial por parte del Ejecutivo.

6.     Eliminación tácita del marco democrático del país.

7.     Persecución y asesinato de cristeros en el momento de entregar las armas.

8.     Dominio absoluto y cerrado del prejuicio anticlerical.

9.     Inicial deshonestidad a la hora de cumplir los arreglos.

 

Enseñanzas permanentes.

1.     Para que haya una república democrática, se necesita una sociedad demócrata.

2.     Instituciones democráticas, sin sociedad demócrata es igual a corrupción.

3.     La violencia nunca es una forma de solución a los problemas sociales.

4.     Los derechos humanos, entre los cuales se destaca la libertad de creencias, deben ser sostenidos y defendidos por todos.

5.     La sociedad es fuente del Estado y del derecho, no al revés.

6.     La política partidista es un terreno vetado permanentemente para obispos y sacerdotes.

7.     La obligación evangélica de discernir los tiempos no debe ser jamás descuidada.

8.     La palabra del Evangelio debe ser siempre la norma del discernimiento y de la conducta de la comunidad católica.

9.     En ninguna circunstancia el fin debe justificar los medios, llevándonos a manejos deshonestos.

10.  La Iglesia debe velar constantemente para que la fe no se ideologice por ninguna tendencia.

11.  Todos los hombres y mujeres que de buena fe tomaron la grave decisión de defender sus derechos levantándose en armas, deben ser recordados como héroes, y su decisión comprendida a la luz de los tiempos en que sucedió. De haber privado la cordura de parte de los líderes políticos y de varios líderes eclesiásticos, esta guerra no habría tenido lugar.

 

 

Bibliografía consultada

 

Es notable la cantidad de estudios e investigaciones que se han hecho hasta el presente acerca del presente tema, por lo mismo aquí solamente presento lo que considero básico y fundamental para una mayor profundización.

 

Investigación basada principalmente en testimonios:

-       Jean Meyer, La Cristiada, ed. Siglo XXI, México, 1974, 3 tomos.

Investigación basada principalmente en documentos oficiales de archivo:

-       Paolo Valvo, La Cristiada, Fe, guerra y diplomacia en México, ed. UNAM, México 2023.

Investigación contextualizada en la cuestión social:

-       Miguel Romero de Solís, El aguijón del espíritu, ed. Instituto mexicano de doctrina social cristiana, México, D.F., 1994.

Investigación centrada en las cristeras:

-       Agustín Vaca, Los silencios de la historia. Las cristeras, ed. Colegio de Jalisco, Zapopan, Jal., 1998.

Investigación sobre la relación México y el Vaticano:

-       Luis Medina Ascencio, S.J. México y el Vaticano, ed. Jus. México, 1976.

Investigación sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos:

-       Robert J. Knowlton, Los bienes del clero y la reforma mexicana, ed. FCE, México, 1985.

Investigación contextualizada sobre Anacleto González Flores, escrita por uno de sus compañeros de lucha:

-       Antonio Gómez Robledo, Anacleto González Flores, el Maestro, ed. Impre-Jal, Guadalajara, Jalisco, 2001.

Investigación centrada en la presentación de documentos y comentarios desde la óptica del nacionalismo religioso mexicano, sin trabajo de corrección:

-       Juan Pablo Herrera Castro, El último batallón de Cristo, 2 tomos, ed. en Guadalajara, 2019.

Testimonio del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez sobre la persecución religiosa de 1914 – 1915:

-       Francisco Orozco y Jiménez, Memorándum, editado en Guadalajara 1918.